Es un buen ejemplo de discusión ociosa, donde las partes observan la cuestión con diferentes premisas, como una conversación de dos sordos sin muchas ganas de comunicarse.
La oposición entiende que el gobierno nacional, si manifiesta voluntad política, puede asignar recursos a esta reivindicación de los jubilados.
El oficialismo entiende que si deben empezar a pagar este aumento, en pocas semanas Argentina entraría en un rojo fiscal que llevaría al caos económico del default.
¿Quién dice la verdad?
Ambos.
Porque parten de supuestos distintos.
Efectivamente, la oposición entiende que, del total de dinero que maneja el gobierno nacional, reasignando prioridades (por ejemplo, dejar al fútbol profesional librado al mercado) se podría aumentar la partida destinada al pago de jubilaciones. Por su parte, el gobierno nacional dice que si no se crean nuevos recursos el aumento es imposible; esto supone que no está dispuesto a dejar de utilizar fondos en otras áreas.
De fondo, hay una discusión poco abordada y menos aún resuelta en un país presidencialista como Argentina. ¿Quién decide de dónde se recaudan los recursos públicos y en qué se los utiliza? En la teoría, es el Congreso Nacional quien define el Presupuesto y el Poder Ejecutivo, simplemente debe aplicar y administrar ese Presupuesto. Nuestra cultura política, sin embargo, supone que es el Presidente quien debe decidir sobre los recursos públicos.
Y así estamos. En una situación de paridad tal donde la oposición puede imponer agenda pero no decisiones y el gobierno, cada vez más, sólo tiene el poder de decir no. Se viene una larga agonía hasta octubre 2011… Una pena por los jubilados que se ilusionaron.
