Se pueden distinguir tres formas en las que un Poder Ejecutivo opera sobre los legisladores para que apoyen sus proyectos. Comprando el voto, presionando o negociando. Alguno podrá pensar que falta “convenciendo”, pero no es lo que sucede en la realidad.
La primer opción, la compra del voto que en Argentina nos remite a la famosa “Banelco” no merece comentarios. Es una forma degradada de la política que nos denigra como sociedad y nos empobrece hasta límites insospechados.
La segunda opción también es objetable. Sucede cuando un gobierno central presiona a gobiernos provinciales con la cesión o no de recursos monetarios para equilibrar las cuentas fiscales o la promesa y concreción de obras públicas por ejemplo. El gobierno nacional, en vez de definir prioridades de gasto en base a criterios de equidad o solidaridad lo hace por motivaciones partidarias.
La tercer opción también suele ser criticada pero es, a mi entender, lógica y válida en un sistema republicano. Es cuando el partido de poder presiona a legisladores propios y ajenos con la conformación de poder en el presente y en el futuro. Un gobierno popular o con tiempo y capacidad de iniciativa (como el actual) puede negociar cargos o posiciones en listas electorales o apoyos decisivos en internas partidarias o en elecciones generales.
El gobierno nacional claramente ejecuta las dos últimas opciones. Sobre la primera no hay pruebas contundentes. La segunda es reprochable, sin lugar a dudas porque no colabora con un desarrollo armónico de un país. La tercera, en cambio, está muy bien; se practica en muchas democracias del mundo y es una forma legítima de construir poder.